Archipiélago del Norte
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El Archipiélago del Norte es un conjunto de islas frente a las costas de California, donde se conoce con el nombre de California Channel Islands. Se encuentra ocupado por el gobierno de los Estados Unidos desde 1852. Está conformado por 8 islas: San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, Anacapa, Santa Bárbara, San Clemente, San Nicolás y la Isla Santa Catalina; 2 islotes: Prince y Sutil, además de numerosos farallones que se extienden a largo de la Costa, desde San Diego hasta San Francisco.
Las islas se encuentran bajo control de los Estados Unidos de América desde 1852. En 1972, los Brown Berets o Gorras Cafés, un grupo de activistas latinos, chicanos y mexicanos residentes tomaron la Isla de Santa Catalina, invocando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual no hace mención alguna sobre las islas. Si bien se ha especulado que México tiene fundadas bases para una reclamación, un litigio por la soberanía y una eventual devolución tras un laudo favorable por parte de la Corte Internacional de La Haya, un análisis detallado de su situación pone en duda la capacidad de México para ganar el caso por medio del Arbitraje Internacional.
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[editar] Antecedentes
Hay grandes posibilidades tanto de que un eventual litigio ante la Corte Internacional sobre la propiedad y la soberanía del llamado Archipiélago del Norte sea contrario a México como de que sea favorable, en virtud de existir lagunas sobre su situación. Esto ha sido comentado ya por miembros de la Sociedad de Geografía, en la época del Porfiriato, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en épocas más recientes. Se puede consultar el libro El Archipiélago del Norte, ¿territorio de México o de los Estados Unidos?, de Jorge A. Vargas, publicado en conjunto por la SRE y el Fondo de Cultura Económica, México, 1993. El argumento que sostiene la presunción de propiedad por parte de México es endeble, y su misma fragilidad ha sido la razón principal de que no se haya ejercido ningún juicio a más de 150 años de que el Tratado de Guadalupe-Hidalgo entrara en vigor.
En el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, más conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, se describe, con un grado relativamente aceptable de precisión, el territorio al que México renuncia "voluntariamente" a cambio de una suma ridícula de pesos, comparado con la gran extensión de terreno perdido, que sumaba poco más del 50% del territorio nacional. Debido a que es un tratado que fijaba límites, y a las limitaciones mismas de su redacción, no se señalan con claridad las partes integrantes de cada lado, sino que se ofrecían guías para delimitar la frontera.
En el lado oriental se describe con aceptable precisión los límites terrestres, a lo largo del Río Bravo del Norte (Río Grande para los norteamericanos) y se entiende la posesión de todas las islas a lo largo de la costa de Texas, extendiéndose los límites hasta tres leguas marinas, que son de tres millas náuticas. Tomando en cuenta que una milla náutica es igual a 1,852 metros lineales, la legua marina equivale a 5,555.55 metros lineales. Por tanto, los límites marinos son de 16666.66 metros, es decir, 16.6 kilómetros. Es aquí donde se centra el meollo de la cuestión naval, sin tomar en cuenta el territorio económico exclusivo, que en el tiempo del tratado no estaba considerado y por tanto, para los efectos del tratado, no aplica. En el lado occidental, sin embargo, el tratado no menciona la extensión de los límites con respecto al mar. La única mención al respecto es que la frontera quedará exactamente una legua marina al Sur del punto más meridional del Puerto de San Diego. La delimitación de la frontera oriental dice a la letra: tres leguas fuera de tierra frente a la desembocadura del río Grande (pasando por el desierto de Sonora y el río Gila hasta el) límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico. No se cita, en el caso de la frontera occidental o en ninguna otra parte, la distancia de tres leguas para internarse en el mar.
[editar] Puntos a favor de soberanía de los Estados Unidos Mexicanos
Es el olvido de la demarcación de las fronteras marítimas, presumiblemente sin intención por parte de los norteamericanos, y por descuido mexicano, o por malicia y desconocimiento, el que pondría al Archipiélago del Norte bajo soberanía mexicana.
Bajo esta perspectiva, las islas, que no son mencionadas en el tratado y que se encuentran a más de tres leguas marinas del punto más cercano a tierra, seguirían bajo soberanía mexicana, aunque el control lo ejerciera, de facto, los Estados Unidos de América. De hecho, tras la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, una comisión conjunta de los dos gobiernos formalizó los tratados limítrofes reiterando en forma textual al tratado original. En 1858 se firmó el Tratado Gadsden que modificaba los límites fronterizos entre México y Estados Unidos, tras la venta de La Mesilla, pero el límite oeste simplemente se fijó desde un punto de la costa. Amparados por el Tratado Gadsden, los Estados Unidos de América se posesionaron también del Archipiélago, pero este tratado nunca se ratificó en su totalidad. Según una transcripción literal del tratado, México consentía que los estadounidenses construyeran, controlaran y operaran un ferrocarril a través del Itsmo de Tehuantepec, y México debería construir puertos, y permitir la operación de los mismos de parte de los norteamericanos, para operar el ferrocarril. Las hipótesis de que México consiguió establecer una cláusula según la cual Estados Unidos se comprometía a cederle la posesión de las islas en un término de 100 años son falsas. Cabe mencionar que este tratado no fue ratificado por el Congreso Mexicano.
Por otro lado, el Departamento del Interior del Gobierno estadounidense redactó en 1976 un documento en el que expresa su preocupación porque el Gobierno de México emprenda una reclamación con fundadas bases legales, que pudiera llevarle a recuperar la posesión de las ocho islas en cuestión, esto a raíz de la falta de ratificación del Tratado de Aguas y Límites Marítimos celebrado con México, por parte del Congreso estadounidense.
[editar] Puntos a favor de soberanía de los Estados Unidos de América
Es de hacer notar, sin embargo, que la Constitución de California pone bajo su soberanía todas las islas ubicadas en sus aguas territoriales, y hace expresa mención de las islas que componen el llamado Archipiélago del Norte como parte integral de su territorio. Asimismo, en la Constitución de Baja California no se contemplan estas islas: de hecho, el artículo 2 simplemente menciona que su territorio es la que le ha sido reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, si bien la Constitución de 1824 colocaba a estas islas bajo soberanía mexicana y administradas directamente por el Gobierno de la República, después se cedió su control al entonces Gobierno de las Californias para su administración. El argumento, entonces, es que cuando la Alta California fue cedida a los Estados Unidos de América, las islas se fueron con ella. Por si esto no fuera suficiente, el Tratado sobre límites marítimos y el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de América, ambos disponibles en Tratados y Convenciones vigentes entre los Estados Unidos Mexicanos y otros Países de la SRE, México renuncia expresamente a reclamar cualquier territorio o porción de terreno por encima del mar territorial y la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas delimitada entre las dos naciones. Los límites marinos están claramente delimitados por dicho tratado. Cabe mencionar que este tratado no ha sido ratificado por el Congreso de los Estados Unidos de América, pero por el de México sí, y tiene fuerza de Ley desde 1970.
Es sumamente significativo el trabajo que se realizó durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. Durante su gestión, el presidente Ávila Camacho decidió crear una comisión de Listón Azul, integrada por prominentes geógrafos, historiadores y juristas internacionales mexicanos, a la que llamó Comisión Camacho. Tras casi cinco años de trabajo, la comisión emitió un dictamen de cuatrocientas fojas y varios apéndices que en 1947 fue presentada al Presidente Miguel Alemán Valdés. El resultado fue negativo para las pretensiones mexicanas. Después de varias consultas con el gobierno estadounidense, México decidió clasificar el asunto como Tema Confidencial y se guardó discreto silencio. El informe no ha sido revelado al público mexicano, aunque se puede tener acceso a él.
Además, si bien es cierto que el 12 de marzo de 2003, el H. Congreso de la Unión, turnó el Punto de Acuerdo Nº 6, al Ejecutivo Federal para que este a su vez inicie el Juicio de Reclamación del Archipiélago del Norte ante el Tribunal Internacional de Justicia. En dicho punto de acuerdo, el diputado Víctor Antonio García Dávila del Partido del Trabajo, exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras que integran el Poder Legislativo, para que convoquen al titular del Poder Ejecutivo Federal a iniciar en las cortes internacionales los juicios correspondientes para que quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a la Nación por el uso que desde 1848 le han venido dando. Esta solicitud fue desechada algunas semanas después por no haber causales suficientes para iniciar dicho proceso.
Sin embargo, se presume que el Archipiélago del Norte es parte del grupo de las Islas Coronado, aunque no pertenezca a este grupo de islas, y quedaría bajo la autoridad de Municipio de Tijuana, Baja California.
[editar] Conclusión
El mayor de los problemas para un eventual litigio internacional es que México dejó pasar mucho tiempo desde la firma del Tratado. Por ello, será muy difícil que este caso pueda llegar a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Un eventual dictamen definitivo del Tribunal Internacional de La Haya (que ya en 1970 insinuó que México tiene el derecho suficiente para reclamar la posesión del Archipiélago) permitirá esclarecer de una vez por todas no sólo la soberanía, sino una eventual remuneración por el usufructo de dichas islas. Sin embargo, la posibilidad actual de que el laudo sea favorable a México se ve muy disminuida, en vista de la falta contundente de pruebas sobre la soberanía del archipiélago.
