Caso Bono
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La expresión coloquial Caso Bono hace referencia a la detención, luego declarado ilegal, de dos militantes del Partido Popular de España el 25 de enero de 2005 bajo la acusación falsa, de haber agredido al ministro socialista José Bono.
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[editar] Los hechos
El 22 de enero de 2005, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó una manifestación por la "Memoria, Dignidad y Justicia" de las víctimas, en la que se criticó la política antiterrorista del Gobierno. El entonces Ministro de Defensa, José Bono, que asistía a la manifestación, fue insultado por un grupo de manifestantes, produciéndose un tumulto ante el cual el Ministro, a fin de evitar mayores incidentes, decide abandonar el acto. Posteriormente, Bono denunció que había sido agredido.
Tres días después, dos militantes del Partido Popular fueron citados y detenidos como presuntos autores de la supuesta agresión al ser identificados por el periódico El País en una fotografía en la que aparecían cerca de Bono. Tras ser puestos en libertad (cuatro horas y media después de la detención), emprendieron acciones legales contra los policías.
[editar] Sentencia judicial
El 8 de mayo, La Sala de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los policías responsables a penas de entre tres y cinco años de prisión por detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones, considerando que el Ministro no sufrió ninguna agresión física.
[editar] Consecuencias políticas
El Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que había declarado al día siguiente de la manifestación que "pronto habría detenciones porque había suficientes indicios en la investigación policial" dimitió tras conocer la sentencia en la que se establece que la policía no contaba en realidad con esos indicios y que calificaba las detenciones como "de complacencia". De todos modos, afirmó que es una obligación para la policía ante unos hechos como los de aquel día abrir las diligencias que se estimen oportunas, identificar autores y recoger pruebas para ponerlas a disposición de la justicia y que hubiese sido una omisión del deber no hacerlo [1].
El entonces Ministro del Interior, José Antonio Alonso, negó un año antes de la sentencia judicial los hechos que finalmente se condenaron, como la manipulación del atestado policial y la expulsión del policía que no quiso detener a los militantes del PP por no existir pruebas contra ellos.
El Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el parlamento para saber quién dio la orden de detener a los militantes populares en lo que consideran las primeras detenciones políticas de la democracia. [2] [3] [4].
[editar] ¿Será recurrida?
El gobierno ya ha anunciado que la sentencia será recurrida.
Recientemente tres testigos que afirman haber presenciado las agresiones, Cecilia Ulzurrun, militante del PSOE en Navarra, su marido, y Ramón Ibarrola, miembro al igual que Cecilia Ulzurrun de la plataforma "Libertad, ya" han presentado sendas denuncias contra los dos militantes del PP, declarándose sorprendidos por la sentencia condenatoria hacia los dos policías. Dolores Grande, militante de CDN y también presente en la manifestación, ha declarado que Ulzurrun no estaba cerca de Bono.
[editar] Enlaces externos
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en El Mundo y en wikisource
