Rumasa
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Rumasa (Ruíz Mateos Sociedad Anónima) fue un Holding de empresas española expropiado por el gobierno español del PSOE el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983. El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, facturando unos 350.000 millones de pesetas anuales.
Rumasa fue fundada por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.
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[editar] Actividades de la empresa
La empresa fue creciendo y diversificando sus actividades, convirtiéndose así en un Holding de empresas que se apoyaban unas a otras. Rumasa estaba presente, entre otros, en los siguientes sectores:
- Banca: Banco Atlántico, Banco de Jerez...
- Hostelería: Cadena hostelera "Hotasa", cuyos hoteles tenían nombre de perros: "Los galgos", "Los podencos"...
- Producción vinícola: Bodegas Paternina, González Byass.
- Grandes almacenes: Galerías Preciados, popularmente conocido como "Galerías".
- Tiendas de lujo: Loewe.
- Educación: Colegio Izarra.
El emblema del Holding era una abeja, símbolo de laboriosidad, contenida en un hexágono. El Holding producía una revista para sus empleados: "La Colmena".
En el momento de la expropiación, en 1983, el grupo Rumasa lo constituían 700 empresas, con una plantilla global de 65.000 personas y una facturación de 350.000 millones de pesetas.
[editar] Expropiación por el Estado español
El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decreta la expropiación forzosa del holding al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. Las razones aducidas en el decreto de expropiación son:
- la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes (desde el año 1978)
- la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España
- los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
- la desatención a las multiples advertencias de las autoridades monetarias a RUMASA, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos
- la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo
El gobierno usó la expropiación, en lugar de la fórmula menos traumática de intervención de tan sólo los bancos, por la complejidad del entramado del grupo y por no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.
La Policía Nacional española registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.
Lo extraordinario de esta expropiación hizó que surgieran numerosas teorías conspirativas a cerca de la misma, en parte asemejándola a un robo al empresario José María Ruiz Mateos por parte del Estado en general y del PSOE en particular. Estas teorías se detallan más abajo.
[editar] La lucha judicial
Tras una breve huida al extranjero y su posterior extradición a España, Ruiz Mateos ha estado luchando por recuperar diversas empresas de RUMASA y por revertir su posterior venta. Mientras tanto la Fiscalía española le han estado demandando una responsabilidad civil de 677.500 millones de pesetas por el estado del grupo en el momento de la expropición y por la inyección de dinero que necesitó posteriormente.
La primera sentencia de fundamental importancia en este asunto es la dictada por el Tribunal Constitucional en 2-12-1983 (Sentencia TC 111/1983). La Sentencia desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados de Alianza Popular contra el Real Decreto-ley 2/1983. En la votación de la Sentencia hubo empate entre los doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal Constitucional; dado que entre los seis magistrados favorables a la desestimación del recurso se encontraba su entonces Presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso, el recurso fue desestimado (el Presidente tiene "voto de calidad" en caso de empate).
El Tribunal Constitucional resolvió que la expropiación era constitucional en 1991. Los Tribunales Constitucional y Supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, varios hoteles e inmobiliarias.
El Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del holding, pronunciándose en contra de la reversión. Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción). En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a los accionistas y en 126 fue negativa.
En 1997, la Audiencia Nacional considera probadas diversas falsedades e impagos a Hacienda y a la Seguridad Social por parte de Ruiz Mateos y otros cuatro acusados, aunque por los cambios normativos producidos en el Código Penal no encuentra culpables a los acusados. En 1999, el Tribunal Supremo confirmó dicha absolución, librandole de la fianza de responsabilidad civil.
[editar] Teorías conspirativas
La justificación dada por el gobierno fue que Rumasa estaba en riesgo de quiebra, y que la conservación de los puestos de trabajo exigía una intervención estatal. Existe también una teoría que afirma que la pertenencia de José María Ruiz Mateos al Opus Dei, y el supuesto control que este grupo ultracatólico y opuesto al PSOE ejercía sobre Rumasa, podrían haber motivado al Gobierno a realizar la intervención, ante el temor de que el holding fuera utilizado para condicionar negativamente a la economía española, provocando así una eventual caída del Gobierno.
Los críticos de esta intervención alegan que Rumasa no estaba en peor estado que la mayor parte de las empresas españolas contemporáneas, y que la expropiación tuvo por lo tanto motivos estrictamente políticos, ya que la Banca española, con la que el PSOE quería congraciarse, veía a un peligroso competidor en José María Ruiz Mateos, que estaba gestionando bancos propios sin formar parte de las "familias" bancarias tradicionales españolas. Además, la intervención fue criticada al considerar que no se trataba de una expropiación amparada por la Constitución Española, sino una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno del Tribunal Constitucional en el que los votos de los magistrados estaban empatados, el Decreto Ley fue considerado constitucional gracias al voto de calidad de su Presidente.
Se le achaca al Gobierno del PSOE que intentase convertir automáticamente a los empleados de Rumasa en funcionarios públicos. Fue muy gráfica la frase de Alfonso Guerra, vicepresidente entonces del gobierno español, al respecto: "To p'al pueblo" (transcripción fonética de "Todo para el pueblo" pronunciado con acento andaluz).
La reprivatización de las empresas de Rumasa es considerada escandalosa. Los críticos insinúan que individuos cercanos al PSOE como Isabel Preysler o Marcos Eguizábal se beneficiaron económicamente de algunas operaciones de reprivatización. Independientemente de las justificaciones presentadas para la expropiación, el gobierno español de entonces vendió muy por debajo de su valor propiedades de titularidad estatal.
[editar] Venta y liquidación del holding
Inicialmente se consideró el nacionalizar simplemente el holding expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrar un comprador para todo el Holding, debido a su gran tamaño, el estado español comenzó a vender empresas sueltas. Este proceso duró varios años.
Uno de los casos más comentados fue el de la venta de Galerías Preciados. Galerías Preciados era la cadena de Grandes Almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Fue vendida por el estado español a los hermanos venezolanos Gustavo y Ricardo Cisneros, amigos personales de Felipe González. El precio de venta fue de 216 millones de pesetas, poco después, estos la revendieron a la empresa británica Mountleigh por 30.000 millones de pesetas. Finalmente, El Corte Inglés compró a su antiguo rival, absorbiendo todos sus centro comerciales.
El Estado Español tuvo que recurrir a una emisión de deuda pública especial de 560.000 millones de pesetas para seguir manteniendo la empresa en funcionamiento mientras que encontraba compradores privados para las empresas que formaban el Holding. Finalmente, estos gastos superaron el billón (un millón de millones) de pesetas.
[editar] José María Ruíz Mateos como personaje público
Consumada la expropiación, y tras alguna protesta de Alianza Popular (principal partido de oposición al gobierno del PSOE de entonces), los medios de comunicación españoles tuvieron poco interés adicional en el asunto Rumasa.
José María Ruíz Mateos, sin otro medio de recuperar el protagonismo público, comenzó entonces una serie de actos de protesta extragavantes que le volvieron a poner de nuevo en las páginas de los periódicos españoles. Algunos de estos actos de protesta fueron:
- Contratación de avionetas que hizo volar sobre ciudades españolas con pancartas con textos acusando de robo al gobierno español.
- Apariciones relámpago, burlando a la policía, en actos públicos (por ejemplo, en fiestas locales) por toda España, estando en búsqueda y captura.
- El famoso incidente, muy caricaturizado ("Que te pego, leche", "Maaaaalvado") en el juzgado en el que golpeó en la cabeza con su puño a Miguel Boyer, el que fue ministro de economía en el momento de la expropiación.
- Anuncios televisivos de productos de la Nueva Rumasa en los que José María Ruiz Mateos aparecía galanteando a una complaciente actriz, muy parecida físicamente a Isabel Preysler, entonces esposa de Miguel Boyer.
- Presentación a las elecciones europeas ("Agrupación de electores Ruíz Mateos"), en las cuales el colegio electoral único le permitió obtener hasta tres escaños en el Parlamento Europeo. Muchos de los votos que obtuvo fueron un voto de protesta contra el sistema de partidos español.
- Apariciones ante la prensa disfrazado de Superman con el logotipo de Rumasa.
[editar] Epílogo
La expropiación fue un proceso extraordinario que ha alimentado las páginas de los periódicos españoles durante muchos años.
José María Ruiz Mateos ha conseguido crear un nuevo grupo de empresas, al que ha llamado "Nueva Rumasa".
[editar] Enlaces
Página de Jose María Ruíz Mateos
[editar] Referencias
- Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 de febrero, de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los bancos y otras sociedades que componen el grupo "RUMASA, S. A."
- Sentencia 111/1983, de 2/12/1983, del pleno del Tribunal Constitucional de España, desestimando el recurso de inconstitucionalidad núm. 116/1983, promovido por José María Ruiz Gallardón, como representante y comisionado de cincuenta y cuatro Diputados más, contra el Real Decreto-ley 2/1983.
- Sentencia 6/1991, de 15 de enero, del pleno del Tribunal Constitucional de España, en la cuestión de inconstitucionalidad 1628/1989, en relación con los articulos 1 y 2 de la ley 7/1983, de 29 de junio, sobre expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los bancos y otras sociedades que componen el "grupo RUMASA, Sociedad Anonima".
- Ramón Tamames. La economía española : 1975-1995
- La colmena, revista interna del grupo Rumasa.
